Indígenas peruanos piden la intervención de la ONU y denuncian discriminación oficial

Indígenas peruanos piden la intervención de la ONU y denuncian discriminación oficial


Lima, 28 jun (EFE).- La principal organización de indígenas de la Amazonía peruana informó hoy que pidió la intervención de Naciones Unidas para que el Gobierno de Perú dé marcha atrás en su decisión de no aprobar una Ley de Consultas a los pueblos originarios.

El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, señaló hoy en rueda de prensa que su organización envió el viernes pasado una carta al relator especial de la ONU para los pueblos indígenas, James Anaya.

Pizango dijo que aún están a la espera de la respuesta de Anaya, al que también han invitado a visitar Perú, y pidió al Congreso de la República que insista en la aprobación de la ley.

"El derecho a consultas y el veto que ha observado el Gobierno pone, en muchos de los escenarios, una forma de discriminación, una forma racista que sólo busca generar conflictos hacia los pueblos y la ciudadanía peruana", remarcó Pizango.

El Congreso peruano aprobó en abril pasado la ley que obliga al Estado a consultar con las comunidades indígenas antes de realizar, entre otros, proyectos de minería e hidrocarburos en las tierras que éstas ocupan en la rica selva peruana.

Sin embargo, el Ejecutivo anunció la semana pasada que la devolvía al Congreso con varias observaciones, la principal de ellas que debía incluir expresamente que los indígenas no tendrán capacidad de veto sobre los proyectos que el Estado considere de interés nacional.

Pizango, que a inicios de este mes volvió a Perú después de permanecer asilado durante once meses en Nicaragua, enfatizó hoy que los pueblos indígenas "no están contra la inversión, ni el desarrollo", pero sí exigen "respeto y diálogo permanente".

"No estamos diciendo que los pueblos indígenas no queremos el desarrollo, sino que lo que se viene haciendo a nivel de hidrocarburos, forestal y minería se haga con los estándares mínimos ambientales", dijo.

Durante la rueda de prensa, el abogado Javier Mujica señaló que los indígenas consideran que el rechazo del Ejecutivo a la ley "es un veto irrazonable que carece de argumentos jurídicos".

Opinó que, además, "colisiona" con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con la declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas.

"El derecho a consultas es una garantía de la supervivencia" de los pueblos indígenas, remarcó, para luego decir que el Gobierno "está construyendo un fantasma" al pedir que en la Ley se especifique que los indígenas no tendrán derecho al veto.

"En ningún momento la ley establece un derecho al veto", enfatizó Mujica, para luego explicar que "plantea que se debe informar para llegar a un acuerdo y consentimiento".

Los representantes de Aidesep enfatizaron que "el Congreso tiene la obligación de insistir en esta ley" y anunciaron que si esto no sucede presentarán recursos ante el Tribunal Constitucional y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"El Estado lo que quiere es seguir teniendo las manos libres para continuar entregando concesiones", enfatizó Mujica, mientras que Pizango reiteró que Aidesep está proponiendo "el diálogo de muy buena fe".

La aprobación de la Ley de Consulta se realizó con pocos meses de antelación al primer aniversario de los enfrentamientos que dejaron el 5 de junio de 2009 a 24 policías y 10 civiles muertos en la localidad selvática de Bagua.

A partir de la aprobación de la ley por el Congreso, que las comunidades indígenas consideraron una victoria, las organizaciones bajaron el nivel de los actos convocados para recordar el primer aniversario de los sucesos de Bagua, que coincidía con la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se celebró en Lima.