Se trata de la ex defensora oficial, Elizabeth Pacce de Elías. La presentación la hicieron los abogados del ex detenido político y actual Director de Salud Indígena, Rodolfo Sobko. La acusan de hacer poco y nada por sus defendidos durante la dictadura.
Los abogados que representan al querellante Rodolfo A. Sobko pidieron al Ministerio Público Fiscal y al conjuez que instruye 1a Causa Caballero residual, Juan Antonio Piñero, ampliar el requerimiento que se hizo contra exintegrantes del Poder Judicial de la Nación por ser cómplices de la última dictadura militar.
El grupo de letrados señalaron que presentaron el lunes el pedido de requerimiento "contra la ex defensora oficial Elizabeth Pacce de Elías" como integrante de la asociación ilícita en la causa "Manader, Gabino s/ Asociación ilícita". Para esta querella "hay pruebas que demuestran su participación en la asociación ilícita conformada desde el Estado para cometer crímenes de lesa humanidad" con total impunidad.
Pacce de Elías durante la última dictadura militar defendió a ex presos políticos que sufrieron violaciones a los derechos humanos. Como funcionaria debió denunciar los casos, pero hizo todo lo contrario. Parte del pedido se basa en la declaración que prestó Ricardo Vasell. El testigo fue contundente al señalar que: Pacce de Elías era su abogada y que en vanas oportunidades le pidieron que actuara por las condiciones de detención.
Con esta denuncia ya son cinco los exfuncionarios sospechados de ser cómplices de la dictadura. Las primeras presentaciones, que datan de los años 80, se hicieron contra Luis Angel Córdoba, Carlos Eduardo Flores Leyes, Roberto Domingo Mazzoni, Domingo Reska. Flores Leyes falleció antes de enfrentar un juicio por su actuación con la Brigada de Investigaciones, más concretamente por haber participado en torturas contra detenidos políticos.
Mazzoni tiene un requerimiento aún no resuelto por la Justicia, pero los testimonios durante el proceso contra represores chaqueños aportaron nuevos elementos para determinar que el ex fiscal tenía mucho poder en la Brigada de Investigaciones. Córdoba fue nombrado por todos los testigos como un juez que no hizo absolutamente nada para evitar que las torturas continuaran. Y hasta lo describieron como un funcionario soberbio a la hora de tratar a los presos por infracción a la ley 20.840.
Por otra parte, el abogado querellante Roberto Mena informó que solicitó a la Justicia informe la cantidad de causas contra militantes políticos en los que actuó la abogada, como también el nombre de los mártires que fallecieron durante la Matanza de Margarita Belén que estaban bajo su patrocinio.
Fuente: Norte
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